Comité de Víctimas contra la Impunidad protesta contra el "circo" judicial

Los integrantes del Comité de Víctimas Contra la Impunidad protestaron frente a las instalaciones del Edificio Nacional en Barquisimeto con motivo del comienzo del Año Judicial. Mientras en las instalaciones de un cercano hotel se llevaba a cabo un acto protocolar con el gobernador, el alcalde, jueces, fiscales y representantes de las Fuerzas Armadas, en la calle los miembros de la organización denunciaron la falta de disposición del Poder Judicial de dar solución a los 94 casos que actualmente procesa el Comité.

César Viscaya, uno de los miembros del Comité aseguró que " hay casos de algunos funcionarios policiales que están imputados por homicidios y han sido detenidos in fraganti cometiendo otros delitos y aun así le retifican una medida cautelar".

Miriam Nuñez, madre de un joven presuntamente asesinado por un policía, hizo sentir su protesta "nuevamente estoy denunciando que cada vez que se inicia el Año Judicial comienza el circo porque el presidente del Circuito Judicial se ha adelantado en presentar el balance, junto con el Comandante de la Fuerza Armada Policial, y calificó su gestión de eficiente porque asegura que no hay retardo procesal. Esto es totalmente falso porque en un año el número de casos que agrup el Comité se incrementó de 12 a 92 y sólo uno pasó de Fiscalía a Tribunales, donde se juega al retardo procesal en el resto de las averiguaciones las cuales siguen paralizadas y sólo en un juicio se ha dictado sentencia (...) Esos altos funcionarios no engañarán a ninguna de las víctimas con esos anuncios de intervenciones, depuraciones, reestructuraciones, o dictando cursitos de derechos humanos a victimarios, porque sabemos que el Estado dispone de su band delictiva para asegurar su dominación a través del terror y la impunidad".

El Comité de Víctimas redactó un comunicado en el cual denuncian con nombre y apellido los integrantes de una mafia judicial en los tribunales, en el Ministerio Público, en el CICPC, en las Fuerzas Armadas Policiales y la Guardia Nacional. Hacen un llamado a la comunidad a no perder la memoria histórica, ya que el presidente de la Comisión de derechos humanos, Alzaúl Planchart, miembro del Ejército, partcicipante de la masacre de Cantaura y fue presidente del Consejo Legislativo. "Estos personajes son quienes garantizan la paz social, quienes gerencian la justicia, por la eficiencia de administración de justicia, por eso el Estado no puede desmantelar su propia banda, nunca va a juzgarse y menos a condenarse a sí mismo" aseguran en el comunicado.