Trabajadores de la UFT toman la sala de sesiones y exigen ser escuchados

Obreros, estudiantes, padres y representantes de la Universidad Fermín Toro tomaron pacíficamente la sala de sesiones del Parlamento regional larense.

Con sus carnés y cédulas en las manos para recalcar su pertenencia a la comunidad universitaria en contra de lo dicho por las autoridades de que eran grupos externos, exhortaron a los llamados “representantes del pueblo” escuchar e intervenir para la solución del conflicto patronal-laboral.

Los diputados Victor Martinez y Antonio Chavez solicitaron moción de urgencia para discutir la situación de la UFT, que lleva tres semanas sin actividades. A las reivindicaciones de los obreros se sumaron las de estudiantes que exigen el alto a los cobros por constancias de estudios, documentos, notas y cambios de carreras.

Lograron que el parlamento se pronunciara a favor de los trabajadores y la exigencia de la actuación del Poder legislativo para que la universidad cumpla con los derechos de los trabajadores y la constitución de una mesa de diálogo que obligue a las autoridades discutir las condiciones que exigen los trabajadores para reincorporarse a las actividades.

Por otra parte, las autoridades aseguran que las actividades nunca han sido suspendidas, aunque no hay actividades. Detrás de esto se presume la intención de querer seguir cobrando la matrícula de estudio a los alumnos como si se llevaran clases normalmente. Denunciaron los daños ocurridos contra el patrimonio universitario el día miércoles cuando se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó cuatro estudiantes heridos presuntamente por la policía y varios daños materiales, que según ellos llegan a los 50 millones de bolívares. Introdujeron un recurso de amparo en contra de los trabajadores y aseguran que realizarán más acciones legales para terminar con las protestas.

Trabajadores de la UFT exigen sus derechos y se van a la huelga

Una semana sin actividades cumple la Universidad Fermín Toro (UFT), luego de que lxs trabajadorxs tomaran las instalaciones y se negaran a trabajar hasta que se les cumplan sus reivindicaciones y mejoras laborales contempladas en la primera Convención colectiva y que las autoridades de la UFT se niega a discutir.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UFT (Sutratuft) plantearon la situación en que se encuentran ante la prensa regional, ya que no disfrutan de beneficios contemplados en la ley como el pago de Cesta-Ticket, Seguro Social y Ley de Política Habitacional, aunque se los descuentan religiosamente.

Las autoridades universitarias han publicado un comunicado donde descalifican las acciones de “un grupo minoritario de trabajadores aupados por personas ajenas a la comunidad universitaria”. Sin embargo, los trabajadores se agrupan en la asamblea general de trabajadores de esa universidad privada, y posee personalidad jurídica de Asociación Civil, y sostienen que se mantendrán en pie de lucha por la consecución de sus reivindicaciones.

El conflicto entre los trabajadores y el patrono datan de hace más de dos años, cuando solicitaron ante la Inspectoría del Trabajo del estado Lara, pero el empleador se ha negado con excusas u reiteradas inasistencias a la mesa de negociación. Ahora, han decidido ejercer presión a través de la huelga hasta conseguir que se le reconozcan sus derechos. Además, denunciaron haber sido amedrentados por los abogados de la universidad que aseguran tener influencia en el Poder Judicial por lo que las peticiones laborales no prosperarán.

Ratificada Instruccion Pre-Militar Obligatoria

Un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 23 de febrero pasado reiteró el carácter obligatorio de la materia Instrucción Premilitar para todos los jóvenes que cursan el 1° y 2° año del Ciclo Diversificado en el país. La decisión fue la respuesta a la solicitud de revisión de sentencia realizada por el grupo de Derechos Humanos Provea. Esta organización no gubernamental había realizado una solicitud de nulidad de la Resolución N° 148 del 7 de julio de 1999, la cual establece la obligatoriedad de la asignatura Instrucción Premilitar. Provea argumenta que dicha sentencia viola el derecho de libertad de conciencia, establecida en el artículo 61 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando que los estudiantes deben tener el derecho a decidir el recibir o no dicha cátedra y que debe asegurarse el principio del interés superior del niño.

El dictamen de la Sala estableció que "lejos de vulnerar el derecho a la educación (…) constituye una parte esencial en el desarrollo de estos futuros bachilleres de la República, dentro de la concepción de un Estado contemporáneo, que a la vez garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, le impone ciertas cargas de auto beneficio, la mayoría de las cuales, tienen un alcance solidario". Además, el fallo establece que la sentencia 148 "es definitivamente firme", que la misma no aparta u obvia interpretaciones sobre la Constitución, aclarándola correctamente y sin violar los derechos emanados de ella.

Fuente: El Libertario. www.nodo50.org/ellibertario

27-F 1989: Impunidad de 17 años

En una rueda de periodistas, Liliana Ortega, presidenta de la organización de Derechos Humanos (COFAVIC) dio a conocer que de los casos denunciados por el Caracazo, apenas 45 de ellos han superado la investigación y aun esperan por juicio y sentencia. Lamenta Ortega que después de transcurridos 17 años “ni siquiera se han cumplido las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Además dio a conocer que 97 % de los casos permanecen en la más “absoluta impunidad” y que gran cantidad de las víctimas aún permanece sin identificarse, “mientras los familiares desesperados esperan por algún tipo de información”.

—No siquiera podemos hablar de que hayan detenidos por el Caracazo. Desde 1989 las investigaciones no han avanzado en nada. La gran mayoría e los casos están aún en la fase preliminar. De veras, lamentamos mucho que el gobierno venezolano todavía no haya establecido responsabilidades.

Resaltó uno de los logros alcanzados: las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, pero critica que no exista culpabilidad por las pérdidas de tantas vidas. Incluso algunos funcionarios participantes en los operativos de muerte siguen siendo parte del Estado.

Ortega afirmó que "tampoco se ha cumplido con la obligación de adaptar los planes destinados al control del orden público y la capacitación de funcionarios policiales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenó".

El 27 de febrero de 1989 centenares de comercios fueron saqueados en diversas ciudades del país en una semana de violentas explosiones populares en rechazo al paquete de medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez inspirado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas fueron calmadas a sangre y fuego por el ejército, dejando un saldo de muertos y desaparecidos todavía desconocidos, pero que algunos afirman que superan el millar. Las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. 17 años después, con muchos cambios en aspectos sociales y políticos del país, la impunidad sigue siendo la constante.