jueves, marzo 02, 2006

27-F 1989: Impunidad de 17 años

En una rueda de periodistas, Liliana Ortega, presidenta de la organización de Derechos Humanos (COFAVIC) dio a conocer que de los casos denunciados por el Caracazo, apenas 45 de ellos han superado la investigación y aun esperan por juicio y sentencia. Lamenta Ortega que después de transcurridos 17 años “ni siquiera se han cumplido las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además dio a conocer que 97 % de los casos permanecen en la más “absoluta impunidad” y que gran cantidad de las víctimas aún permanece sin identificarse, “mientras los familiares desesperados esperan por algún tipo de información”.

—No siquiera podemos hablar de que hayan detenidos por el Caracazo. Desde 1989 las investigaciones no han avanzado en nada. La gran mayoría e los casos están aún en la fase preliminar. De veras, lamentamos mucho que el gobierno venezolano todavía no haya establecido responsabilidades.
Resaltó uno de los logros alcanzados: las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, pero critica que no exista culpabilidad por las pérdidas de tantas vidas. Incluso algunos funcionarios participantes en los operativos de muerte siguen siendo parte del Estado.

Ortega afirmó que "tampoco se ha cumplido con la obligación de adaptar los planes destinados al control del orden público y la capacitación de funcionarios policiales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenó".
El 27 de febrero de 1989 centenares de comercios fueron saqueados en diversas ciudades del país en una semana de violentas explosiones populares en rechazo al paquete de medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez inspirado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas fueron calmadas a sangre y fuego por el ejército, dejando un saldo de muertos y desaparecidos todavía desconocidos, pero que algunos afirman que superan el millar. Las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. 17 años después, con muchos cambios en aspectos sociales y políticos del país, la impunidad sigue siendo la constante.